Las provincias tendrán la semana que viene su primera reunión post electoral en la previa de la reanudación del diálogo con el Gobierno nacional sobre los tres temas principales que componen las negociaciones entre ambas partes: el Fondo del Conurbano, la coparticipación y la reforma impositiva. Algunas provincias todavía esperan definiciones sobre el caso que está en manos de la Corte Suprema para confeccionar sus presupuestos del año próximo. Con la liquidación del giro de coparticipación de ayer todas las provincias ya recibieron este año más fondos que la Buenos Aires
El jueves que viene tendrá lugar la reunión mensual del comité ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) en la que se reunirán los ministros de economía de las provincias junto con representantes del Ministerio del Interior. Si bien los ministros consultados por este diario afirmaron que en la orden del día del organismo no figuran los temas principales de discusión con la Casa Rosada, la presencia de los ministros en Buenos Aires les servirá para unificar criterios antes de la reunión con la Nación, que promocionó públicamente un encuentro post elecciones pero que todavía no tiene condiciones concretas.
Uno de los temas a conversar con la Nación, probablemente el más acuciante, es el Fondo del Conurbano, cuyo trámite judicial espera definición de la Corte Suprema de Justicia, aunque los gobernadores presionan para encontrar una salida política al asunto: con una declaración de inconstitucionalidad del tope de 650 millones la provincia de Buenos Aires podrá recomponer su participación en el reparto de esa caja, pero todas las provincias perderían un ingreso representativo en sus presupuestos. Con el giro de coparticipación diario de ayer, todas las provincias ya superaron la cantidad de fondos que recibe Buenos Aires por el Fondo del Conurbano. La última que faltaba superar a la provincia que gobierna María Eugenia Vidal era Tierra del Fuego, que desde ayer ya acumula 651 millones de pesos acreditados en lo que va del año. El excedente del Fondo repartió hasta ayer 42.420 millones de pesos, de los cuales Buenos Aires recibió el 1,53%.
Siete provincias ya se pronunciaron ante el alto tribunal mediante escritos para defender los recursos que reciben del Fondo: Misiones, Entre Ríos, Catamarca, San Juan, Tucumán, La Pampa y Salta. Entre los distintos argumentos que presentarán los gobernadores ante la Corte Suprema, uno será que así como la demanda de Vidal busca declarar la inconstitucionalidad del tope de 650 millones que, como consecuencia de la inflación, perjudicó el envío de esos fondos a Buenos Aires, otro artículo de la Ley 24.621, que establece una detracción del 20% del Impuesto a las Ganancias que se destina al Anses. Por lo tanto, si bien las arcas provinciales podrían compensar la pérdida con la desaparición del tope, quedaría afectada una parte del financiamiento al sistema previsional derivado de la recaudación de Impuesto a las Ganancias. Según admiten desde provincias opositoras, la carta principal que tienen para jugar en la negociación con el Gobierno nacional tiene que ver con el Impuesto al Cheque: como la Casa Rosada necesita prorrogar su vigencia todos los años, necesitará de los votos de las provincias.
Los gobernadores, además, amenazan con que el cumplimiento del Régimen de Responsabilidad Fiscal que firmaron hace dos meses con la Nación sería “de difícil cumplimiento” si por acción de una sentencia suprema se quedaran sin ese flujo de fondos. Los dos puntos principales son el congelamiento del gasto primario en términos reales (deflactados por inflación) y del empleo en el sector público. Como sanciones en caso de incumplimiento, la Nación prevé limitar los avales y garantías que da a las provincias y advierte sobre menores envíos de fondos no automáticos.
